sábado, 11 de diciembre de 2010

¿Estado de alarma?

Esto que escribo sucintamente, no salió de mi ideario. Lo reveló un profesor licenciado en derecho. Nos vino a decir que, en dicha materia, tres más tres pueden ser ciento once.
El Gobierno ha decretado el estado de alarma con calzador y oscuro ungüento. Con ello se ha asegurado tener a la opinión pública en la palma de la mano. Más que nada porque no hemos sabido ver ni lo que calza, ni lo que unta. Nos han hecho el juego de cartas delante de las narices una vez más.
Bien, según la Constitución española dice en su artículo 116.2 que el estado de alarma se declara en los siguientes casos:
-Ante catástrofes, calamidades o desgracias públicas, tales como terremotos, inundaciones, incendios urbanos y forestales, o accidentes de gran magnitud.
-Paralización de servicios públicos esenciales para la comunidad y concurra alguna de las demás circunstancias o situaciones propias de este estado (es decir, que no sólo tiene que haber ausencia de controladores y paralización de servicios, sino que Nerón resucite y queme Madrid creyendo estar en Roma. Caso exagerado pero apropiado).
-Y situaciones de desabastecimiento de productos de primera necesidad.
Ahora, el estado de excepción se decreta en los sucesivos supuestos:
-Cuando se dé una grave alteración del libre ejercicio de los derechos y libertades de los ciudadanos o del normal funcionamiento de las instituciones democráticos o de los servicios públicos esenciales para la comunidad.
Visto esto, parece de lógica aplicar el estado de excepción. Lo que ocurre que ello conlleva suspensión de derechos fundamentales y eso no ha gustado al Gobierno, tal y como están las cosas. Por lo que han validado criterios de un estado y del otro con una solución demasiado subjetiva.
Aun así quedan demasiados flecos complicados de discernir, como el presunto chantaje de los controladores. Está por ver si fue vulnerado su derecho de huelga (¿Son tan distintos de los conductores de metro o taquilleros? Quizás hayan dado un paso de más) o si ausentarse del oficio alegando indisposición es lícito también por su parte.
Lo que es un claro indicio de maleabilidad son las declaraciones de Peces Barba (uno de los siete guapos) respaldando la medida gubernamental. Ojalá apareciera su firma en un editorial con un par de verdades.

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